¿Qué es la contraloría social y cuál es su rol como ente contralor?
La contraloría social tiene la misión de lograr que gobierno y ciudadanía trabajen de forma corresponsable en la vigilancia y evaluación de la gestión pública, como mecanismo idóneo de control preventivo. Contribuir al cumplimiento cabal de los programas de gobierno.
¿Qué es la Contraloria social según autores?
Según Cunill (2009:5), la contraloría social se refiere al “conjunto de acciones y prácticas fiscalizadoras y reguladoras llevadas a cabo autónomamente por la sociedad sobre el ámbito de lo público, con el fin de que éste exprese en su actuación los intereses públicos y aporte a la construcción de ciudadanía”.
¿Cómo se organiza la Contraloria social?
¿Cómo se realiza la Contraloría Social? Mediante Comités integrados por personas beneficiarias del Programa, Actores Sociales que ejecutan proyectos y la población atendida, los cuales deberán realizar, entre otras, las siguientes acciones: Levantar «Acta de Registro». Aplicar y entregar «Cédulas de Contraloría».
¿Quién ejerce la Contraloria Social en Venezuela?
El ciudadano o ciudadana es el principal responsable en la salvaguarda de los recursos del Estado mediante el ejercicio de la contraloría social.
¿Por qué es importante la Contraloria Social?
Uno de los mecanismos que existe es el de Contraloría Social, el cual es un derecho que tenemos toda la ciudadanía para vigilar el debido cumplimiento de los servicios públicos, mantenimiento urbano, trámites y servicios, programas, obra pública, etc. …
¿Cuáles son las funciones del comite de Contraloria social?
El objetivo del Comité de Contraloría Social es PROMOVER UNA CULTURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL en el cuidado y adecuada aplicación de los recursos que recibe la escuela, para fortalecer la práctica de la transparencia y rendición de cuentas.
¿Cuál es el objeto de la contraloría social?
El objetivo de la Contraloría Social se establece como una práctica transparente y de rendición de cuentas que contribuye al logro de objetivos y estrategias en materia de política social, con la finalidad de prevenir a tiempo posibles irregularidades o desvíos de recursos y combatir actos de corrupción.